Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo: qué dice y por qué es importante conocerla
Cuando una persona solicita una nueva toma de agua, recibe un recibo mensual o necesita reportar un problema con su medidor, detrás de cada uno de esos procedimientos existe un marco legal que regula cómo debe prestarse el servicio. En Quintana Roo, esa normativa es la Ley de Agua Potable y Alcantarillado, un ordenamiento que define las responsabilidades de las autoridades, los organismos operadores, como Aguakan, y los usuarios.
Aunque se trata de un documento jurídico, conocer sus principales puntos puede ayudarnos a entender por qué existen ciertos trámites, cómo se determina el precio del agua o qué ocurre cuando existe un adeudo. A continuación, te dejamos una guía con los puntos más relevantes de esta legislación.
Los 10 aspectos más importantes de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo
1. La ley establece cómo debe prestarse el servicio de agua potable y alcantarillado
El objetivo de esta legislación es fijar las bases para organizar, administrar y operar los servicios públicos de agua potable y alcantarillado en Quintana Roo. También regula la construcción, conservación y ampliación de la infraestructura hidráulica, así como las responsabilidades de las autoridades encargadas de administrar estos servicios.
Es decir, la ley no solo regula el suministro de agua a los hogares y negocios; también establece las reglas para el funcionamiento de los sistemas que permiten captar, distribuir y conducir el agua, además del manejo de las redes de alcantarillado.
2. Los organismos operadores son el contacto directo con los usuarios
Uno de los puntos que suele generar dudas es quién administra el servicio de agua potable.
La ley señala que la prestación del servicio corresponde a los organismos operadores, responsables de atender a los usuarios. En los municipios donde opera mediante concesión, Aguakan realiza funciones como la contratación del servicio, la instalación de tomas domiciliarias, la lectura de medidores y la recaudación de las cuotas correspondientes, conforme al marco legal aplicable.
Por su parte, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) coordina el sistema estatal y participa en la planeación y supervisión de los servicios conforme a las atribuciones que le otorga la ley.
Para los usuarios, esto significa que la mayoría de los trámites relacionados con el servicio —como una contratación, un reporte o una aclaración— se realizan ante el organismo operador correspondiente, como Aguakan.
3. En algunos casos, conectarse al servicio público es una obligación
La ley establece que los propietarios o poseedores de determinados inmuebles deben solicitar la conexión a las redes públicas cuando el servicio ya se encuentra disponible.
Esta obligación aplica, por ejemplo, para predios edificados, establecimientos comerciales o industriales y otros inmuebles ubicados frente a una red de distribución de agua potable o alcantarillado. Cuando la infraestructura ya existe, la conexión no depende únicamente de la decisión del propietario, sino de lo previsto en la legislación.
El propósito es que los inmuebles utilicen los sistemas públicos disponibles, contribuyendo tanto al abastecimiento de agua potable como al adecuado manejo de las aguas residuales.
4. Solicitar una nueva toma de agua requiere cumplir con un procedimiento
La contratación del servicio no se realiza de forma automática. De acuerdo con la ley, el interesado debe presentar una solicitud con la información requerida por el organismo operador. Posteriormente, este puede verificar que la documentación esté completa y realizar una inspección para conocer las condiciones del inmueble donde se instalará la toma.
Una vez efectuadas estas revisiones, se elabora el presupuesto correspondiente y, después de cubrir el pago respectivo, se avanza con la instalación dentro de los plazos previstos por la legislación.
Este proceso busca garantizar que las conexiones se realicen conforme a las condiciones técnicas establecidas para la red pública.
5. El medidor forma parte del control del consumo
El consumo de agua potable se determina mediante aparatos medidores instalados por el organismo operador. Estos equipos permiten registrar el volumen utilizado en cada inmueble y sirven como base para calcular el importe del servicio.
La ley también establece obligaciones para quienes tienen un medidor instalado. Entre ellas se encuentran conservarlo en buen estado, mantener libre el acceso para facilitar su lectura o revisión y avisar Aguakan cuando presente daños o funcione de manera irregular.
Asimismo, únicamente el personal autorizado puede instalar, retirar o sustituir estos equipos, por lo que cualquier modificación realizada por personas no autorizadas puede constituir una infracción.
6. El pago del servicio se realiza conforme a las cuotas y tarifas autorizadas
Además de establecer cómo se presta el servicio, la ley define que Aguakan puede cobrar las cuotas y tarifas correspondientes por el suministro de agua potable, alcantarillado y otros servicios relacionados.
Las cuotas y tarifas aplicables se establecen conforme a la legislación vigente y constituyen una de las principales fuentes de recursos para la operación, mantenimiento y mejora de los sistemas de agua potable y alcantarillado.
7. Si existe un desacuerdo con el consumo registrado, es posible solicitar una revisión
El consumo de agua se determina mediante la lectura de los medidores instalados en cada inmueble. De acuerdo con la ley, esta lectura se realiza de forma periódica por personal autorizado, quien registra los datos para calcular el importe del servicio.
Si el usuario considera que el consumo registrado no corresponde con su uso habitual, puede solicitar una revisión ante Aguakan durante el mes en que deba realizar el pago del recibo.
8. Las visitas de verificación deben cumplir un procedimiento
Aguakan puede realizar visitas de verificación para comprobar que las instalaciones cumplen con la legislación, revisar el funcionamiento de los medidores o checar aspectos técnicos relacionados con la prestación del servicio.
La ley también establece reglas para proteger los derechos de los usuarios durante estas inspecciones. El personal debe identificarse y acreditar su autorización de visita. Cuando el usuario no se encuentre en el domicilio, la legislación prevé que se deje un citatorio para programar una nueva revisión conforme al procedimiento establecido.
9. La ley contempla un procedimiento para recuperar adeudos
La legislación también establece un procedimiento para recuperar cuotas, tarifas y multas pendientes de pago. Señala que, cuando existan adeudos por dos o más meses, el servicio puede suspenderse. No obstante, en el caso de los usuarios domésticos y de los servicios públicos de salud, contempla la posibilidad de celebrar convenios de pago. Mientras estos se formalizan, únicamente puede reducirse el suministro de agua.
10. Existen infracciones para proteger el servicio y la infraestructura hidráulica
La ley también establece diversas conductas que pueden constituir infracciones administrativas. Entre ellas se encuentran:
- No solicitar la conexión cuando existe la obligación legal de hacerlo.
- Realizar conexiones no autorizadas.
- Impedir las visitas de verificación.
- Manipular los medidores.
- Instalar tomas clandestinas.
- Alterar el consumo registrado.
- Desperdiciar el agua.
Con estas medidas, la legislación busca proteger tanto la infraestructura hidráulica como el uso adecuado de un recurso esencial para la población.
Conocer la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo permite comprender cómo funciona uno de los servicios públicos más importantes para la vida cotidiana. Además de definir las responsabilidades de las autoridades y los organismos operadores, como Aguakan, esta legislación establece los derechos y obligaciones de quienes utilizan el servicio, así como los procedimientos relacionados con la contratación, el consumo, las verificaciones y el pago de las cuotas correspondientes.
